Cofepris y Marina cierran hospital de Acapulco por desvío de medicamentos controlados y caducos; golpe de 100 mdp
La Secretaría de Marina en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) llevaron a cabo una visita de verificación a un establecimiento hospitalario, ubicado en Acapulco, Guerrero, que derivó en la suspensión total del establecimiento y el aseguramiento de medicamentos y diversos bienes.
La intervención se derivó de un alertamiento relacionado con el posible desvío de medicamento controlado hacia los Estados Unidos de América, por lo cual, personal naval de la Secretaría de Marina, en coordinación con personal de Cofepris-Derepsq, realizaron una visita de verificación sanitaria a dicho establecimiento, el cual operaba como hospital.
Medicamentos sin registro sanitario
Con base y en apego a los acuerdos internacionales a través de los programas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se identificaron diversas irregularidades relacionadas con el manejo, control y documentación de medicamentos, así como la existencia de medicamentos sin registro sanitario en México, de procedencia extranjera, medicamentos caducos, presuntamente contaminados, de uso exclusivo del sector salud y medicamentos a granel.
Durante la verificación, se identificó la falta de controles suficientes que permitieran garantizar el correcto manejo y custodia de los medicamentos, la ausencia de documentación legal que acreditara la tenencia legítima de los medicamentos encontrados en el establecimiento, la falta de recetas especiales para la prescripción de estupefacientes, conforme a las disposiciones sanitarias aplicables.
Suspensión total: Cofepris
La autoridad sanitaria determinó la suspensión total del establecimiento, como medida de protección a la salud de la población, por lo cual se aseguraron diversos medicamentos controlados, medicamentos no controlados, un inmueble, equipo y aditamentos hospitalarios, acción realizada en apego a las disposiciones nacionales aplicables y a los compromisos internacionales de México en materia de control de estupefacientes y sustancias sujetas a fiscalización, en coordinación con las instancias competentes.
Esta acción representa una afectación económica aproximada de 100 millones de pesos.
