Desplazados de la Montaña baja de Guerrero acusan a funcionarios estatales de complicidad con “Los Ardillos” | VIDEO
Habitantes desplazados de la comunidad de Alcozacán, en la Montaña baja de Guerrero, acusaron públicamente al fiscal general del estado, Zipacná Jesús Torres Ojeda; al secretario de Seguridad Pública estatal, Daniel Ledesma Osuna; y al subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, de ser “responsables” y “cómplices” del grupo criminal “Los Ardillos”, al asegurar que no han actuado para detener la violencia que azota a sus comunidades.
El señalamiento fue difundido a través de un comunicado en video emitido por una mujer originaria de la comunidad de Alcozacán, quien habló en representación de las familias desplazadas de la región.
En el mensaje, la mujer, a nombre de las víctimas, denunciaron que durante las últimas horas continuaron los ataques armados, el uso de drones y la quema de viviendas, lo que provocó un nuevo éxodo de mujeres, niñas, niños y personas adultas mayores.
“Anoche más mujeres, niños, niñas y personas de la tercera edad fuimos desplazadas. Somos más de mil 300 personas de la comunidad de Alcozacán que hemos tenido que abandonar nuestras casas, nuestras tierras y nuestros cultivos para huir y salvar nuestras vidas”, señala el pronunciamiento.
Niegan protección que asegura dar el Gobierno de Guerrero
Las familias desplazadas sostuvieron que, pese a los mensajes públicos del gobierno estatal sobre presuntas acciones de atención y seguridad, en la práctica no existe protección para las comunidades afectadas.
“Mientras la gobernadora publica fotos y dice que el gobierno está atendiendo la situación, la realidad es que no han hecho nada para nuestros pueblos. Todo ha sido una simulación para los medios de comunicación
Mensaje
En el comunicado, las víctimas describieron las condiciones en las que sobreviven tras abandonar sus hogares: menores de edad durmiendo a la intemperie, familias refugiadas en el monte y madres caminando de noche para escapar de las balas.
“Nuestros niños otra vez están durmiendo en el monte, bajo la lluvia, sin luz y sin comida, temblando de frío y de miedo”, expresó la mujer en el video.
Las familias también acusaron a la presidenta municipal de Chilapa de Álvarez, Mercedes Carballo Chino, y a su sobrino, Irving Carballo Chino, de presuntamente desviar recursos públicos hacia “Los Ardillos”, grupo criminal señalado desde hace años por operar en la región.
De acuerdo con el comunicado, los recursos desviados habrían sido utilizados para fortalecer al grupo armado y adquirir armas y drones utilizados en los ataques contra las comunidades.
Las familias desplazadas solicitaron la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum y afirmaron que anteriormente también denunciaron la situación ante el expresidente Andrés Manuel López Obrador, sin obtener resultados.
Responsabilizan a funcionarios de Guerrero
Asimismo, responsabilizaron a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, de cualquier hecho de violencia que continúe ocurriendo en sus comunidades.
Según el pronunciamiento, la violencia en la región ha dejado hasta ahora 81 personas asesinadas y 25 desaparecidas.
Las familias exigieron la detención de Celso Ortega Jiménez, Bernardo Ortega Jiménez, Jorge Iván Ortega Jiménez y Antonio Ortega Jiménez, así como la desarticulación total del grupo criminal “Los Ardillos”.
“Aun en medio del dolor, el miedo y el desplazamiento, seguimos en resistencia”, concluyó el mensaje.
